LA REVANCHA DE LOS PERSEGUIDOS


La revancha de los perseguidos por la crisis financiera. Después de muertos alguien habla por nosotros. EL NACIONAL 30 DE MAYO DE 1.999

 

SIETE DÍAS

La revancha de los perseguidos por la crisis financiera

Después de muertos alguien habla por nosotros

Siro Febres Cordero y Guido Mejía Arellano, accionista principal y vice presidente legal del Banco Latino, se dirigieron en días pasados al ex presidente Rafael Caldera para acusarlo de ensañamiento contra 83 ejecutivos por haber apoyado la candidatura de Oswaldo Alvarez Paz, y de haber ocasionado daños irreparables: "Usted puede contar con muertes por leucemia, cánceres exacerbados, muertes de padres y madres en ausencia obligada de sus hijos, y ruinas familiares y económicas". Familiares de estas víctimas relataron sus calvarios. Un inofensivo cáncer de piel en la cara de Antonio Ugueto Trujillo, director principal, inició un avance irreparable cuando le dictaron auto de detención: murió hace 25 días, poco después de ser declarado inocente 3 Ignacio Andrade Arcaya, quien no figuraba en la directiva, pereció a causa de leucemia tras ser sometido a graves tensiones, que incluyeron un intento de chantaje para que declarara contra el banquero José Alvarez Stelling. Julio César Peraza, director suplente, perdió repentinamente la vista. Y Nancy Monagas, hermana y defensora de Orlando Monagas, director suplente, murió por derrame cerebral tras haber sido encarcelada en la cárcel de mujeres de Los Teques. Otras tres personas también perecieron por cáncer: José Francisco Otero, presidente del Banco Italo; Alain Morales, vicepresidente ejecutivo de Bancor, y Oscar de Guruceaga padre, fundador del Banco Principal. He aquí sus historias

DAVID GONZALEZ

Un cáncer de piel ocasionó el fallecimiento de Antonio Ugueto Trujillo, ex director principal del Banco Latino, hace 25 días, el 5 de mayo de 1999. La enfermedad nunca había constituido una amenaza seria contra su vida. Estuvo alojada en la parte izquierda de su rostro por 25 años, desde los tiempos en que todavía era un funcionario de primera jerarquía del Ministerio de Hacienda. Pero el cáncer inició un avance irreparable el 2 de marzo de 1994.

Esa noche Ugueto Trujillo miraba la televisión en su residencia de El Placer, acompañado por su esposa y sus dos hijos. Las imágenes presentaron, ya cercana la medianoche, a Diamora Ramírez de Simancas, instructora especial del caso Banco Latino. Delante de las cámaras televisivas, la jueza anunció que había dictado cinco autos de detención contra el ejecutivo bancario.

La audiencia había escuchado minutos antes un inequívoco mensaje presidencial. "Se pondrá todo el poder del Estado al servicio de la justicia, para que se establezcan las sanciones penales si hay lugar a ellas", dijo Rafael Caldera, entonces primer mandatario, durante una alocución también televisada. En su discurso, el Presidente se anticipó a la justicia y anunció que los tribunales, "en pocas horas" dictarían las primeras medidas judiciales relacionadas con el caso.

Antes de conocer el dictamen, que incluía a 83 personas, Ugueto Trujillo reunió a sus parientes y les comunicó una decisión que ya había tomado: "Me quedaré en el país para enfrentar cualquier cargo judicial". Luego les preguntó: "¿Me apoyan?". La respuesta que recibió fue afirmativa...

Encierro eterno

Una huelga tribunalicia, que se extendió por más de dos meses, le impidió presentarse a las órdenes del juzgado. En ese período permaneció encerrado en un apartamento de Caracas, temeroso de cualquier contacto con el exterior y privado de asistencia médica. Mientras tanto, tres melanomas, perfectamente visibles, crecieron en su rostro y en su cuello.

Ugueto Trujillo se entregó a la justicia a finales de mayo de 1994. Durante 10 días permaneció recluido en el Retén de Catia, junto con otros procesados del Banco Latino. La celda estaba próxima a las cloacas del penal, aunque se encontraba alejada del resto de los pabellones. En las mañanas, el ejecutivo pasaba varias horas en el patio del Retén, bajo los rayos de un sol que le pegaba directo en la cara.

Los familiares de Ugueto Trujillo -con bienes y cuentas bancarias congeladas-lograron reunir una fianza de 100 millones de bolívares. Con ello, el director del Latino recobró la libertad, aunque sólo podía desplazarse en el área metropolitana de Caracas. Casi inmediatamente le extrajeron los tres melanomas alojados en su rostro, mediante una intervención quirúrgica.

Nueve meses más tarde volvió a la clandestinidad. Un tribunal de primera instancia -en febrero de 1995- ordenó nuevamente el encarcelamiento de Ugueto Trujillo. Esta vez fue acusado de cometer delitos de salvaguarda, y ello le impidió gozar de beneficios procesales como la libertad condicional. Inmediatamente se ocultó en otro apartamento de Caracas, donde permaneció un año y medio. En la clandestinidad, con nombres falsos, en ocasiones ayudado por desconocidos, recibió irregularmente tratamiento de radioterapia durante tres meses.

Pudo ser operado, incluso con cierto éxito, en 1996. Pero el cáncer ya había avanzado hasta la parótida y amenazaba su oído; luego afectaría su cerebro y le provocaría una parálisis facial. Mentalmente -según afirman sus familiares- se encontraba disminuido y doblemente obsesionado: primero, por evitar otro encarcelamiento y, en segundo lugar, por "limpiar" su nombre. Ugueto Trujillo finalmente fue sobreseído de los cargos en su contra. Nunca fue condenado. Ni recibió explicación por haber recibido semejante trato. De todas maneras, ya era tarde para detener su tránsito a la muerte, que le llegó a los 67 años de edad, este 5 de mayo.

Después de aquí

Julio César Peraza, ex director suplente del Banco Latino, abandonó el funeral de Ugueto Trujillo con la firme intención de escribir una carta al ex presidente Rafael Caldera. Se dirigió antes del mediodía a la residencia de José Luis Zapata, antiguo ministro de Agricultura, y allí comenzó a elaborar la misiva: en la tarea consumió poco más de dos horas. Peraza estaba obligado a dictar la carta a su compañero: sólo puede escribir con la ayuda de equipos especiales, pues está virtualmente ciego. Su agudeza visual se redujo sustancialmente desde marzo de 1994, cuando comenzó a ser enjuiciado, al igual que le sucedió a Ugueto Trujillo, a raíz de la intervención a puertas cerradas del Banco Latino.

La misiva que elaboró Peraza no fue publicada. El ejecutivo debió viajar a Miami, por razones de negocios, y dejó el texto en manos de su esposa. La dama no insistió en publicar la carta, después que recibió una sorpresa mayúscula. En la edición del domingo 9 de mayo de El Nacional, Guido Mejía Arellano, quien fue vicepresidente legal del Banco Latino, suscribió un comunicado público dirigido a Rafael Caldera. Las dos cartas planteaban temas comunes, pero la historia oficial registrará la de Mejía Arellano como la primera y como la que abrió un boquete en el caso del Banco Latino.

El abogado acusó al ex gobernante de consumar una venganza política bajo el amparo de este proceso judicial. En el camino, asegura, provocó "daños irreparables": "(...) puede usted contar con muertes por leucemia, cánceres exacerbados, muertes de padres y madres en ausencia obligada de sus hijos, y ruinas familiares y económicas", reza el texto del comunicado. Una experiencia cercana al propio Mejía Arellano: él y su padre, otro abogado experto en asuntos financieros, fueron enjuiciados por más de dos años, antes de que la justicia los declarara inocentes.

Saga epistolar

Una semana más tarde, Siro Febres Cordero -accionista principal del banco- publicó otra carta abierta dirigida a Caldera. El empresario recordó la impresión que le produjo su reclusión en los calabozos del Retén de Catia. "Era lastimoso y sentí conmiseración al compartir tan injusto destino con inocentes empleados y empleadas, cuyo único delito fue prestar honestos servicios profesionales a una institución bancaria", afirma en la misiva, publicada en la edición del pasado 16 de mayo de El Nacional.

Esta saga epistolar comenzó con una carta de Rafael Caldera a los medios de comunicación. El ex gobernante denunció que la detención de su yerno, el general de división Rubén Rojas Pérez, evidenció "ensañamiento" y respondió a la "malquerencia" del nuevo gobierno, presidido por Hugo Chávez Frías, contra el alto oficial. Caldera señaló que "tarde o temprano quedará incólume la honestidad de los procesados, pero los daños serán irreparables".

Estos fueron los mismos argumentos que utilizaron Mejía Arellano y Febres Cordero. Sólo que ambos invirtieron la ecuación: en su caso, aseguran, los perseguidos formaban filas del Banco Latino y el perseguidor era Rafael Caldera. Una consecuencia, según dicen los involucrados, del apoyo brindado por el banco a la candidatura de Oswaldo Alvarez Paz, rival de Caldera en las elecciones presidenciales de 1993, y agravado por un enfrentamiento entre grupos rivales que buscaban controlar el sistema financiero.

Mal negocio

Ignacio Andrade Arcaya, otro de los enjuiciados por la causa, estuvo recluido en una clínica tres meses antes de fallecer. Se encontraba allí cuando su hijo, Ramón Andrade, recibió una llamada telefónica sorprendente. Un abogado logró contactarlo, a través de una persona cercana, y le propuso un trato: "Si tu padre firma un comunicado público contra José Alvarez Stelling, presidente del Banco Consolidado, lo sacamos de este lío". Al volver al centro médico, el hijo le transmitió el mensaje a su padre. La respuesta fue inmediata: "Esto, hijo, nos da una idea sobre quiénes están involucrados en este caso".

Andrade Arcaya falleció de leucemia en diciembre de 1996, a los 48 años de edad. La enfermedad, como es característico, apareció repentinamente. Sus familiares notaron cambios en los hábitos laborales del abogado, quien despachaba desde su residencia después que decidió separarse del escritorio jurídico para el que trabajó por más de 25 años, junto con Pedro Tinoco. Durante dos semanas, Andrade Arcaya dejó de despertarse a las mismas horas y no completaba las jornadas laborales.

Su esposa le recomendó practicarse exámenes médicos. En ese momento comenzaron las verdaderas preocupaciones. Los resultados de las pruebas de sangre alarmaron a los laboratoristas: "Esto puede ser leucemia", señalaron. Un especialista, al día siguiente, confirmó esta impresión: Andrade Arcaya padecía de cáncer en la sangre. La agresividad de la enfermedad lo llevó a la muerte ocho meses después del diagnóstico médico.

Contra Andrade Arcaya fueron dictados, en marzo de 1994, cinco autos de detención por el caso del Banco Latino. Se le acusó de estafa continuada calificada, apropiación indebida, agavillamiento, incumplimiento de las obligaciones del fiduciario y publicación de balances falsos, pese a que dos años antes el abogado se había separado de la junta directiva del banco. Andrade Arcaya sí formaba parte del directorio del Banco de Venezuela y por ello no le dictaron auto de detención alguno.

Malas noticias

Cuando Ignacio Andrade Arcaya, quien también se enteró por televisión de los autos de detención que había dictado la jueza Ramírez de Simancas, quiso presentarse a las órdenes de los tribunales, un amigo cercano le advirtió: "Este no es un proceso normal. Ten cuidado". La recomendación fue atendida: Andrade Arcaya viajó casi inmediatamente al exterior y permaneció fuera de Venezuela durante algunos meses, trabajando gracias a la asistencia de sus amigos. Al regresar al país, el abogado se presentó a los juzgados.

Andrade Arcaya pasó tres días en los calabozos de la Policía Técnica Judicial. Sus familiares cancelaron una fianza de 13.500.000 bolívares y así logró recobrar la libertad. Una mala noticia le esperaba: uno de los socios del bufete donde trabajaba exigió su desincorporación. Del árbol caído todos hacen leña.

La leucemia fue diagnosticada en abril de 1996. Progresivamente aparecieron los signos de la enfermedad: pérdida de peso, caída del cabello... Pero los especialistas se sorprendían del tiempo que tardó la leucemia en quitarle la vida a Andrade Arcaya. La evidencia médica, relatan los familiares del fallecido, demuestra un patrón: la enfermedad se manifiesta en personas sometidas a graves tensiones.

Ramón Andrade estaba recién graduado como abogado, con 25 años, cuando debió asumir la defensa de su padre y la de su hermano Ignacio Tomás, enjuiciado por el caso del Banco Barinas, en un prolongado proceso judicial que llegó a su etapa final hace un semestre. Ignacio Andrade, hijo, fue declarado absuelto por la justicia. Ignacio Andrade, padre, no tuvo la misma suerte. La muerte se lo impidió.

Perder la vida Entre los directores suplentes que recibieron autos de detención por el caso del Banco Latino, se encontraba Héctor Orlando Monagas, quien es uno de los socios del despacho de abogados Tinoco, Travieso, Planchart y Núñez. Monagas es experto en derecho penal y profesor universitario. Pero no asumió su propia defensa y fue representado por su hermana, otra abogada, Nancy Monagas, quien perdió la vida a finales del año 1995.

Al directivo de la institución bancaria se le enjuició por apropiación indebida, estafa continuada, agavillamiento, elaboración y publicación de falsos balances financieros y por incumplimiento de las obligaciones del fiduciario. Monagas se entregó a la justicia y debió pasar tres días en el Retén de Catia, junto con los demás indiciados de la causa. Se le estableció una fianza millonaria; al pagarla recobró la libertad.

Héctor Orlando Monagas salió de las celdas del penal, pero su hermana comenzaría a transitar un camino inverso, que la llevaría a la Cárcel de Mujeres de Los Teques. A la abogada se le abrió un proceso penal bajo la acusación de intentar corromper a un funcionario público. Según la acusación, Monagas sobornó a un alguacil para acelerar la llegada de la boleta de excarcelación de su hermano al tribunal en que era juzgado.

A principios del año 1995, un tribunal del primera instancia penal dictó auto de detención contra la hermana del directivo bancario. La abogada fue apresada por una comisión de la Policía Técnica, que la solicitó en su propia residencia. De allí la trasladaron al penal femenino.

Nancy Monagas estuvo en el retén durante dos meses y medio. Ese tiempo fue necesario para que un tribunal superior revocara la orden de encarcelamiento emitida contra la abogada. Se declaró terminada la averiguación, al no encontrarse pruebas del delito imputado contra Monagas. Al cabo de siete meses, la resistencia de la abogada cedió ante un derrame cerebral. Después de la absolución, vino la muerte.

Olvidarlo todo

Hay quienes conservan la vida, como Julio César Peraza, quien tiene 61 años de edad. Pero desde 1995 debe utilizar una lupa para leer cualquier periódico y debe colocar, además, una pantalla especial para escribir en su computadora. Pasó casi un año entre el momento en que ordenaron su encarcelamiento y el día en que dos glaucomas -membranas neurovasculares que disminuyen la capacidad visual- se manifestaron en ambas retinas.

"Va a pasar algo", le dijo su esposa la noche en que vio el rostro de Diamora Ramírez de Simancas en televisión. Hasta entonces, Peraza se sentía tranquilo. Regresaba a su residencia desde la Universidad Central de Venezuela, donde estudiaba cuarto año de derecho. Cuando escuchó su nombre en el listado de personas con autos de detención quedó, según confiesa, aturdido. "¿Qué hago ahora?", fue lo único que pensó. Miró el reloj: faltaban casi 25 minutos para la medianoche.

El ejecutivo creía que su último trabajo sería el de vicepresidente de Planificación del Banco Latino. Durante ocho años estuvo empleado en la institución, hasta que en marzo de 1993 lo incluyeron en la junta directiva como miembro suplente. Antes había acumulado una prolongada trayectoria en el sector público, donde fue viceministro de Fomento y de Agricultura y Cría, y director del Banco Central de Venezuela.

Antes de entregarse a la justicia, debió esperar a que culminara una huelga tribunalicia. Luego le fijaron una fianza, que estuvo entre las más bajas que le impusieron a los detenidos del Banco Latino. Pasó dos noches en el Retén de Catia. Durante tres años, Peraza tuvo bienes y cuentas bancarias congeladas. Al cabo de ese período, fueron revocados los autos de detención por agavillamiento, estafa, apropiación indebida, publicación de balances falsos y violaciones a las obligaciones del fiduciario. El juicio culminó y dictaminó la inocencia de Peraza, quien nunca asistió a las reuniones de junta directiva del banco. Ahora espera someterse a una delicada intervención quirúrgica, que podría devolverle parte de la agudeza visual que ya perdió. Pese a todo, Peraza considera superado el episodio del Banco Latino. En una carta dirigida a Rafael Caldera, y que no se ha publicado todavía, el ex directivo finaliza con estas palabras: "En mi caso ya quedó incólume mi honestidad, habiendo ya concluido el proceso hace más de dos años. Pero los daños que me causaron, materiales y morales, son irreparables. Como buen cristiano, los acepto y lo perdono". No todos pueden decir lo mismo.

Odios

El tesoro nacional se vacía igual si un Presidente mete la pata o mete la mano, y si mete la pata a conciencia, advertido de que la va a meter, e impulsado por sus odios, debería pagar por tres metidas de mano. Eso no lo establece la moribunda ni está previsto en la nonata, y tampoco en el Código Orgánico Procesal Penal que no termina de entrar en vigencia: quizá en Salvaguarda pudieran darle una vuelta a la ley y acusarlo por negligencia al revés, acción en lugar de omisión, o buscar por los lados del delito preterintencional: quiso embromar a uno y terminó fregando a todos. En esos tribunales siempre hay la posibilidad de encontrar el potpurri legal adecuado, para absolver o condenar, cuando hay voluntad y suficiente motivación. No faltan los interesados en evitar que el ex presidente Rafael Caldera se vaya liso, con sus papeles en regla (incluyendo carta de recomendación de varios Papas: Pío XII, Paulo VI y el actual), después de haber jodido a tres generaciones (como mínimo) de enemigos, ex amigos, rivales, pagapeos, delfines y personas afines a cada uno de ellos, desde antes de Leoncio Martínez (Leo) hasta después de Gustavo Gómez López. Pero en caso de que alguno tuviera éxito, tendrían que condenarlo por kilos o kilómetros de maluquezas (queda a criterio del juez pesarlas o medirlas). Quizá le hayan recomendado no viajar, en previsión de ruidos raros (nada parecido a lo de Pinochet, por supuesto: sería demasiado) por parte de alguien que se siente víctima, tiene recursos, y quiere montarle una trampa, por violación de derechos humanos, ante alguna instancia internacional. Pudiera ser alguno de los 83 banqueros incluidos, con razón y sin ella, en los autos de detención dictados por el caso Banco Latino, muy activos últimamente a juzgar por los remitidos -de excelente factura- publicados en la prensa. Lo acusan de haberles cobrado, colectivamente, no el haber dispuesto irregularmente del dinero de los depositantes y ahorristas, sino el dejar de financiar una de sus infinitas candidaturas (todas las posibles a lo largo de más de medio siglo), y en cambio contribuir con la de quien durante más de 30 años, desde que era dirigente estudiantil en Maracaibo, fue uno de sus más leales e incondicionales colaboradores. Los relatos sobre víctimas por el caso Banco Latino, en esta misma página, son en extremo conmovedores: evidencian cómo algunas personas enferman, sin remedio, cuando su exclusiva parcela de cielo se viene abajo, de modo incomprensible, con todo y San Pedro, y los aplasta. Pero ocupan apenas unas páginas en el gran drama nacional que se inicia cuando el presidente Ramón J. Velásquez, por recomendación expresa del presidente electo Rafael Caldera, decide la intervención del Latino. Aquella tranca a seis del dúo presidencial (saliente y entrante), que produjo el "efecto dominó", no sólo la perdieron los banqueros: miles de clientes arruinados (vieron esfumarse ahorros, pensiones, prestaciones, propiedades y negocios, manejados a través de torcidas vías, "absolutamente legales", diseñadas para eludir controles e incrementar dividendos) pagaron con sus dramas familiares, cuando no con sus vidas (hubo casos de suicidio) el "zapato" recibido en la partida que otros jugaron.

Pedro Llorens

La enfermedad y sus metáforas

En los próximos días se cumplirá un año de la muerte de Juan Francisco Otero, quien fue presidente del Banco Italo Venezolano. Los familiares del ejecutivo prefieren no hablar del episodio: Otero falleció víctima de un cáncer en la próstata. La enfermedad se manifestó a principios de los años 90 y pudo ser controlada hasta entonces. Hace cuatro años, la afección comenzó a agravarse y el cáncer se expandió en casi todo su cuerpo.

A Otero se le acusó de aprovechamiento de fondos públicos, intermediación financiera ilícita, distracción de recursos de una institución financiera, publicación de falsos balances y aprobación dolosa de créditos ilegales. Hace dos años, el Ministerio Público lo demandó civilmente por 1,7 millardos de bolívares, al igual que a otros 12 ex directivos de la institución.

El ejecutivo bancario se marchó del país, en 1995, con rumbo a España. Luego se radicó en Miami, y en esa ciudad murió por las complicaciones de la enfermedad. Sus familiares, desde principios de 1998, pensaban que la muerte de Otero sobrevendría en cualquier momento. Por eso intentaron, ante los tribunales, hacerlo regresar al territorio venezolano y lograr que una institución médica sirviera como sitio de presidio. No hubo tiempo.

Alain Morales falleció en Boston, a los 43 años de edad. Durante 14 de ellos trabajó en Bancor -institución financiera donde llegó a ocupar la vicepresidencia ejecutiva-, antes de que decidiera partir a Estados Unidos para continuar sus estudios. Allí se diagnosticó que padecía de cáncer en el colon: al cabo de año y medio falleció. Los especialistas norteamericanos detectaron la enfermedad cuando ya estaba avanzada y no había mayores esperanzas para el paciente.

Exámenes médicos realizados con anterioridad, en Venezuela, no pudieron dar con la causa real de los trastornos que el ejecutivo experimentaba en las vías digestivas. Morales renunció al banco días antes de que la organización financiera fuera intervenida por el Estado. Y murió en agosto de 1995, casi al mismo tiempo que se dictaron los primeros autos de detención por el caso, en los que se incluyó al propio presidente de la institución, Juan Carlos Santaella. Personas allegadas aseguran que la salud de Morales, quien nunca fue enjuiciado, se deterioró al mismo ritmo que la salud financiera de Bancor.

Oscar de Guruceaga fue presidente del Banco Industrial de Venezuela durante el primer período constitucional de Rafael Caldera. Presidió también Fedecamaras y la Asociación Bancaria. Junto con Moisés Zitsman fundó el Banco Hipotecario del Desarrollo y más tarde compró el Banco Principal, junto con otros grupos empresariales y financieros. La administración de esta institución recayó sobre los hijos de Guruceaga.

Sobre uno de ellos, que se llama igual que su padre, recayeron autos de detención por intermediación financiera ilegal, aprovechamiento de fondos públicos y aprobación de créditos fuera de ley. Guruceaga hijo prefiere no hablar sobre los hechos que rodearon el proceso legal seguido en su contra. Tampoco desea referirse al empeoramiento en la salud de su padre, quien reaccionó con angustia frente a los acontecimientos familiares. Oscar de Guruceaga, padre, finalmente falleció afectado por un antiguo cáncer. El hijo regresó a Venezuela después que los tribunales superiores revocaran los autos de detención. Actualmente, el proceso judicial continúa.

 

EL NACIONAL - DOMINGO 30 DE MAYO DE 1999

   
   
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